Dentro del concierto de la estructura población de América Latina, Colombia es un país muy peculiar, pues, a diferencia de los países, no concentra sus habitantes en una o dos ciudades con gran densidad de población. En nuestro caso, a lo largo y ancho del país, existen grandes y medianos centros urbanos que concentran a mas del 70% de los colombianos. Esto, no significa una ventaja comparativa ni obedece a un mayor desarrollo industrial, es simplemente el reflejo de la descomposición del campo producida por la violencia endémica que nos ha tocado padecer, cuyas peores consecuencias las han sufrido fundamentalmente los campesinos, quienes han sido forzados a migrar masivamente.
De esta manera la Colombia rural, de los primeros años de la década de los 500, se transformó en país urbano, lo que determinó orientar las inversiones públicas hacía el fortalecimiento y adecuación de apartado estatal, en los campos de la salud pública; educación, en sus distintos niveles, vivienda, capacitación de la fuerza laboral, dotación de servicios públicos domiciliarios y la infraestructura vial. Simultáneamente, se avanzó en la industrialización del país y se invirtió y diversificó la producción agrícola, aunque no en la medida que se requería para atender las exigencias del crecimiento demográfico y del mercado interno, y mucho menos del internacional.
En efecto, aún nos queda mucho camino por recorrer para superar el subdesarrollo, lo que significa, primordialmente, mejorar la calidad de vida de los habitantes, considerados en su conjunto, y no simplemente encausar los programas estatales hacía el logro de niveles aceptables de crecimiento económico para beneficio exclusivo de una parte de la población, en detrimento de la mayoría que se debate en la pobreza absoluta, que, ser la única, se erige como una de las causas objetivas de ka violencia y, en consecuencia de la persistencia del fenómeno de la migración campesina y del atraso económico del país.
Así las cosas, es absolutamente indispensable aumentar la inversión social para cubrir las necesidades básicas de la población y redoblar los esfuerzos para alcanzar la paz entendida ésta entendida como el mejor espacio desde el cual proyectar el esfuerzo colectivo por el desarrollo con equidad.
Con este marco de referencia, hemos planteado la necesidad de desarrollar los postulados sociales de la constitución política. Esto se concreta con el desarrollo de mecanismos de participación, encaminados a promover una vinculación efectiva del estado con la comunidad, que es el punto de encuentro entre as organizaciones públicas y privadas en torno a los temas propios de la política social para garantizar el impulso de iniciativas que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Uno de los aspectos fundamentales de la política social, es la generación de empleo productivo, porque es el que permite a los países mantener un crecimiento económico sostenido y posibilita a la población mejorar sus ingresos y bienestar social. Por ello es necesario persistir y ganar consensos alrededor de una política de empleo que se afiance en compromisos multisectoriales que se integren a los planes de desarrollo nacionales y locales.
En esta búsqueda no se fracasa si se inscribe dentro de una dinámica solidaria y autónoma de participación ciudadana y comunitaria, y como un movimiento ético cultural y humanista. La democracia supone fuerza y capacidad de proposición y de intervención de los actores sociales.
En procura de consensos entre los actores sociales del mundo del trabajo, el Gobierno ha propiciado la concertación y el dialogo social. La concertación no es una norma ni tan solo una opción de gobierno, es un mandato central de la Constitución Política. Por ello, este mandato se desarrolló, mediante la expedición de ley que puso en vigencia la Comisión Permanentemente de Políticas Salariales y Laborales. Igualmente, se desarrolla un programa de documento de unas nuevas relaciones laborales, que cuenta con el auspicio de la OIT, el cual está llamando a ser un factor importante para la solución de los conflictos.
La acción de los violentos que combaten al sistema, pretende justificarse en la existencia de altos niveles de pobreza y desigualdad social, lo cual es una falacia, pues precisamente la violencia es una de las causas del subdesarrollo, por las siguientes razones: inmensos recursos, que superan los gastos en educación y salud pública, deben destinarse a la guerra; los asesinatos, secuestros y la extorsión impiden o reducen la inversión nacional y extranjera en ricas zonas agrarias y en la explotación de recursos naturales; el desplazamiento masivo hacia los centros urbanos acrecienta los problemas de vivienda, servicios públicos y el desempleo.
La guerra y falta de oportunidades genera entre la juventud desaliento y es factor de descomposición que, a la postre, es caldo de cultivo de la propia violencia. En realidad se trata de un conflicto que afecta fundamentalmente a la población civil, que es la que pone las víctimas en este fuego cruzado sin sentido.
Por supuesto que no podría, desde este escenario de gestión estatal, ignorar los graves efectos del fenómeno de la violencia en el mundo del trabajo, que se traduce en que muchos dirigentes sindicales y trabajadores han sido asesinados o desaparecidos.
No han que olvidar que la violencia descarga su pesado fardo de dolor sobre justos y pecadores, sobre culpables e inocentes, sobre compatibles y neutrales. La violencia genera contraviolencia y obliga al que recurre a ella insertarse en una espiras ascendente, de tal modo que en último término, desborda los fines que se pretendían al recurrir a ella. El rechazo de los colombianos a la violencia ha sido contundente y tiene como principal manifestación el mandato por paz que más de diez millones de ciudadanos expresaron en las urnas el pasado 26 de octubre de 1997.
y no se trata de ignorar las dificultades y las diferencias que se han generado como consecuencia del incremento del desempleo y la flexibilización laboral, pero así como consideramos válido -es más: la mejor y única salida- el diálogo y la negociación para poner término al conflicto armado en Colombia, podríamos decir que estos mecanismos recurrentes son más efectivos en el campo de las relaciones laborales, y en todo caso avanzado mas allá del método, cualquier negociación que no contenga el compromiso dl trabajo y una política de justicia social, no es garantía de una paz duradera