Es evidente desde la aparición de los sindicatos en Colombia que el Estado colombiano y sectores amplios de la clase política, económica y empresarial han sido incapaces de reconocer el papel del movimiento sindical en la defensa de los derechos laborales y libertades sindicales y, su papel protagónico en los diferentes escenarios de un estado democrático. Es lo que explica la ola de violencia sistemática desde su aparición a comienzos del siglo pasado referenciado en la “Masacre de las Bananeras” en 1928, con el asesinato en el parque central de Ciénaga, de más de 3000 obreros por las metralletas del ejército nacional, ordenado por el gobierno de Abadía Méndez por presión de la United Fruit Company y del gobierno de los EEUU y, que ahogó en sangre la huelga por mejoras laborales. Comportamiento similar se ha dado en diversos momentos de confrontación del sindicalismo como algunos casos dignos de mencionar: En febrero 23 de 1963 mueren 11 trabajadores y una niña de 11 años en el Municipio de Santa Bárbara, Antioquia, cuando se daba una huelga por parte de los trabajadores de Cementos el Cairo, los Militares atacaron el Campamento de los huelguistas; en 1969 en el Paro Nacional Patriótico contra la reforma administrativa de Lleras Restrepo, igual en 1977 en la realización del Paro Cívico Nacional registrado como una de las más grandes movilizaciones en la historia nacional, las huelgas de la Unión Sindical Obrera USO en defensa de Ecopetrol, de los Trabajadores de Telecom, dirigidos por SITELECOM, para evitar su venta, los innumerables paros del magisterio bajo la dirección de FECODE en defensa de la educación pública y los derechos de los maestros, el paro del sector público en 1998 y muchísimas más batallas de los trabajadores colombianos, registradas muchas de ellas en la historia nacional, como el reciente Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, y las movilizaciones generadas en medio de este contexto. Esta violencia en contra del movimiento sindical y de las expresiones de protesta y levantamientos populares, se encuentra signada, indiscutiblemente, en primer lugar, por la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y en segundo lugar, por la sumisión de los gobernantes del país frente a los Estados Unidos y sus estrategias de confrontación en la guerra fría con la extinta Unión Soviética. En el primer caso, en el tratado de Versalles, las potencias imperialistas triunfantes para contrarrestar el triunfo de la revolución Rusa y su influencia en los sectores laborales fundan la OIT en 1919 y reconocen derechos a los trabajadores a través de convenios fundamentales, varios de ellos ratificados en 1933 en Colombia por la lucha sindical y, en cuanto al segundo, en la visión de combatir el comunismo, mencionaremos que la violencia de finales de los años 40 fue maquinada y orientada por Estados Unidos contra los movimientos democráticos.[ 9 ]Es de recordar que en diciembre de 1952, mediante el Acto Legislativo 01 de diciembre 9, el Congreso de la República convocó una Asamblea Nacional Constituyente de orientación fascista y por acto legislativo 06 del 14 de septiembre de 1954 decretó: “Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”. Al igual, la violencia partidista que se agudizó hacia 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder político disidente del partido liberal quien auspició el debate de la Masacre de las Bananeras, tiene como base la cruzada de Truman desde marzo de 1947 contra el comunismo internacional y toda forma de movilización popular para mantener su dominación y contener a la Unión Soviética, lo cual se intensifica con el triunfo de la revolución cubana. Las luchas desde los trabajadores estaban estigmatizadas en esta estrategia anticomunista por la doctrina de Washington. En el contexto de los procesos de paz de Belisario Betancur, exitosos con algunas fuerzas insurgentes y fracasados con las FARC, se da la aparición de la Unión Patriótica y la exacerbación de los sectores más conservadores del escenario nacional con la creación de ejércitos paramilitares, lo cual agudiza la violencia contra los sectores democráticos y de izquierda desde mediados de la década del ochenta en adelante. Este fenómeno de violencia intensifica los asesinatos de dirigentes políticos y sindicales, masacres y campañas mediáticas creando un ambiente adverso a los sindicatos coincidente con el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en noviembre del año 1986, fruto de un proceso de unidad en el que confluyeron sectores sindicales, como la CSTC, la CTC y la UTC, respectivamente influenciadas por el partido comunista, el partido liberal, el partido conservador y la iglesia católica, al que se sumaron igualmente sectores del sindicalismo independiente. Este ambiente adverso y su composición pluralista, hace de la CUT y su dirigencia un objetivo de los actores violentos.En ese sentido, la violencia antisindical en Colombia es una larga historia que aún no llega a su punto final, a pesar del Acuerdo de Paz de la Habana firmado con las FARC en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Según el seguimiento realizado y la documentación recogida de los casos, así como las investigaciones adelantadas por la Central Unitaria de Trabajadores - CUT, la ENS y otras instituciones de apoyo del sindicalismo, por más de tres décadas en Colombia, los sindicalistas y los sindicatos han sido víctimas de una violencia histórica, sistemática, masiva y selectiva. Este fenómeno, que aún persiste, es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos y a la libertad sindical que ha profundizado la exclusión política y la estigmatización padecida por el movimiento sindical como sujeto de la democracia.Teniendo en cuenta que la libertad sindical es un derecho humano, el Estado colombiano debe garantizar las condiciones para el ejercicio de este derecho fundamental, y a la vez utilizar las herramientas jurídicas para enfrentar la violencia antisindical y perseguir a sus promotores y sus autores, en cumplimiento de las numerosas recomendaciones orientadas hacia este propósito emitidas por distintas organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Misión de Alto Nivel de febrero de 2011, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y del Comité de Expertos en desarrollo de los casos 1787 y 2761 (aún en estudio) en el que este organismo tripartito, único en el mundo, ha venido reclamando del Estado Colombiano medidas todas relacionadas con el fortalecimiento institucional para mejorar la protección de sindicalistas, la superación de la violencia antisindical y de la impunidad (ENS, 2019). En el mismo sentido como se podrá ver en detalle en la parte internacional de este informe, se han pronunciado al tenor de las cláusulas laborales de los Acuerdos Comerciales países como Canadá, Estados Unidos, integrantes de la Unión Europea, la sección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos [ 10 ]IntroducciónHumanos se han pronunciado frente a medidas cautelares y sentencias de crímenes cometidos contra sindicalistas; el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE en su opinión formal emitida dentro del proceso de adhesión de Colombia a este organismo. El presente informe sobre los patrones, contextos e impactos de la violencia antisindical o contra el sindicalismo organizado y afiliado en la Central Unitaria de Trabajadores – CUT se presenta ante la Comisión de la Verdad para que sea tenido en cuenta en el relato de esclarecimiento y reconocimiento, construido con las voces de las trabajadoras y trabajadores sindicalizados afiliados a la central obrera. A la vez que se contribuya a establecer compromisos del Estado y del empresariado para que no se repitan estos hechos y las prácticas de persecución, estigmatización y violencia contra los sindicalistas en Colombia, como condición necesaria para la construcción de la paz estable y duradera, las garantías de no repetición y para el ejercicio de la libertad sindical como derecho humano consagrado en instrumentos internacionales adoptados por el Estado colombiano y en nuestra Constitución Política.En esa medida, de forma previa, es importante delimitar el sujeto principal de este informe: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT -. En las siguientes líneas se ofrecerá un esbozo de lo que significa esta organización, su origen y compromiso con los derechos de los trabajadores y por los cambios que el país requiere en materia social, económica y política.La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT – es una organización sindical de tercer grado, unitaria, clasista, pluralista, democrática, solidaria, progresista y antiimperialista, así lo define el artículo 1° de sus Estatutos, su declaración de principios y su plataforma de lucha. Sin embargo, las características de esta central dan cuenta de un legado de luchas y conflictividades que, a grandes rasgos, se hace necesario señalar dentro de este acápite introductorio, sin que con ello se pretenda realizar una historia estrictamente cronológica del sindicalismo colombiano y de la CUT en particular. Consideraciones metodológicasEs importante realizar una breve presentación sobre los criterios metodológicos que se tuvieron en cuenta para la realización de este informe bajo el enfoque de construcción de verdad y esclarecimiento de patrones y contextos explicativos de la violencia cometida contra la CUT. De entrada, es necesario precisar los limitantes en tiempo y recursos, así como la coyuntura de pandemia, a la hora de abordar un informe sobre la violencia contra la CUT y sus sindicatos filiales, dadas sus dimensiones: masiva, sistemática, selectiva, diferencial, presente en distintas regiones y sectores de la economía. Según lo documentado por la CUT 8.1271casos ocurridos entre 1986 y 2019, y los registros de la ENS son 13.8872 casos entre los años 1986 y 2020, dicha violencia se ha expresado en graves violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en todo el país. Para efectos del presente informe se toman cifras de ambas bases de datos en el periodo 1986-2018, desde el año de creación de la CUT hasta el periodo de corte de la Comisión de la Verdad.1. La Base de Datos Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT hace seguimiento a 3 tipos de violencia: homicidios, amenazas y homicidio de familiar. Tiene un total de 9.983 registros entre 1986 y 2019, de los cuales 8.127 han sido contra la CUT, 433 han sido contra otras centrales sindicales (CGT y CTC), 194 contra sindicatos no confederados, en 1.231 casos no se precisa la cen-tral. Entre 1986 y 2018 fueron registrados 8.007 casos contra la CUT.2. El Sistema de Información Sinderh, de la ENS hace segui-miento a 11 tipos de violencia: homicidios, homicidio de familiar, desaparición forzada, tortura, secuestro, aten-tado con o sin lesiones, amenazas, desplazamiento for-zado, detención arbitraria, hostigamiento y allanamiento ilegal. Tiene un total de 15.226 registros entre 1971 y 2020, de los cuales 13.887 casos registrados contra la CUT y sus sindicatos filiales entre 1986 y 2020. Entre 1986 y 2018 fueron registrados 13.684 casos contra la CUT.[ 11 ]No obstante, pese a los limitantes mencionados, el presente informe busca dar luces a la Comisión que contribuyen al esclarecimiento de la violencia antisindical en Colombia. La narrativa presentada da cuenta del análisis articulado entre patrones y contextos explicativos, atendiendo a un acercamiento de periodizaciones diferenciales, en lugar de un análisis estrictamente secuencial sobre los hechos violentos cometidos contra la CUT. El informe también muestra que alrededor del 80% de la violencia contra la CUT, se concentró en 20 organizaciones sindicales.¿Cómo se avanzó en el proceso? en primer lugar se creó un equipo de trabajo conformado por un comité político integrado por ejecutivos nacionales de la CUT y un comité técnico con los investigadores, asesores metodológicos y apoyo técnico; con el cual se realizó seguimiento permanente a la construcción del informe. En segundo lugar, partiendo de una metodología cuantitativa-cualitativa se avanzó la revisión de fuentes documentales del archivo de la CUT (estatutos, memorias y resoluciones sobre Congresos, Informes de derechos humanos de las subdirectivas, algunos archivos de prensa y de derechos humanos digitalizados. Se realizaron 22 entrevistas a dirigentes sindicales de la CUT a nivel nacional y regional, y, además, quienes hacen parte de sindicatos de los más victimizados, con lo cual se abordaron ambas dimensiones de la violencia, aquella dirigida contra la dirigencia de la CUT, como también la perpetrada contra los sindicatos filiales de la central. Adicionalmente, se hicieron 4 entrevistas con sindicalistas víctimas de exilio. Si bien, la CUT tenía la pretensión de que fueran muchos más los testimonios recopilados, factores del contexto, recursos y tiempos limitados no permitieron hacerlo de esta manera. Adicionalmente, en febrero de 2020 se realizó un taller/grupo focal con representantes de la CUT de algunas regiones de las más afectadas por la violencia. Para este informe también se retomaron como insumo los informes que Anthoc, Sintraunicol, Adida, sindicatos palmeros del Magdalena Medio, todos afiliados a la CUT, y de los más victimizados, construyeron para presentar a la Comisión de la Verdad. Asimismo, algunos de los soportes de estos informes, por ejemplo, ocho talleres/grupos focales que se llevaron a cabo con tales sindicatos. También se revisó la base de datos de la CUT sobre hechos de violencia y el Sistema de Información de Derechos Humanos Sinderh, de la ENS. Así como diversas publicaciones sobre la violencia antisindical y memoria histórica con sindicatos.En tercer lugar, se hizo un ejercicio de triangulación y contrastación entre las diferentes fuentes, testimonios y publicaciones sobre violencia antisindical, con el propósito de identificar y elaborar las ya referidas construcciones categoriales en torno a los patrones, contextos, impactos, formas de afrontamiento y reacciones internacionales en torno a la violencia padecida por la central y sus organizaciones de base. No obstante, es importante aclarar que, más allá de dicho ejercicio de triangulación y contraste, no se pudo llevar a cabo una revisión rigurosa de los archivos físicos de la CUT en Bogotá y sus respectivas sub directivas regionales, por efectos de la actual cuarentena. Lo anterior hace necesario, en la medida de lo posible, una posterior revisión orientada a enriquecer los planteamientos desarrollados en este informe o bien a identificar nuevas categorías de análisis y con un enfoque regional y sectorial mucho más detallado. Todo lo anterior da como resultado el presente informe conformado por seis capítulos. En primer lugar, correspondiente a los antecedentes históricos, se hace un breve recuento del devenir histórico del movimiento sindical en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX en adelante; en particular, se realiza un análisis sobre las circunstancias socio-históricos, las agendas políticas-sindicales y los procesos de convergencia en torno a la creación de la CUT. En el segundo capítulo se realizó un acercamiento a los patrones a partir de la identificación de sistematicidades, prácticas reiterativas y que ponen en evidencia, en este caso, las [ 12 ]Introduccióndistintas maneras en que se ha victimizado a la CUT y sus organizaciones filiales. Lo anterior bajo el enfoque de modalidades de violencia, los sectores, regiones y organizaciones más golpeadas por la violencia, el perfil de las víctimas y los presuntos responsables. En el tercer capítulo, estrechamente articulado con los patrones, aborda los contextos explicativos como un ejercicio que contribuye a resolver los por qué y para qué de la violencia cometida contra la CUT. Se trata de revelar la heterogeneidad de los propósitos y la multicausalidad de estos hechos, tomando como punto de referencia la identificación y análisis de los referidos patrones. Por tal motivo deben comprenderse bajo una lógica de “red”, según la cual un punto, en este caso contexto o patrón, conecta con cualquier otro, con direcciones cambiantes y estrechamente interconectadas, evitando así la estructura binaria principio-fin o causa efecto.Entre los contextos explicativos identificados se encuentran: i) violencia para contrarrestar el rol sociopolítico desempeñado por la CUT y sus sindicatos filiales; ii) la implementación del modelo socioeconómico neoliberal como generador de violencia; iii) la violencia como instrumento regulador de los conflictos laborales, y iv) violencia antisindical que favorece la acumulación de tierra.Un cuarto capítulo muestra cómo la violencia antisindical ha generado graves impactos en la organización sindical, tanto en lo individual como en lo colectivo. De manera diferencial se identifican impactos en: i) procesos organizativos y liderazgos sindicales; ii) el tejido social y las garantías democráticas, iii) impactos en negociación colectiva, iv) impactos familiares y personales, v) impactos del exilio. El quinto capítulo examina las formas de afrontamiento, es decir, la manera en la cual la CUT respondió y resistió a la arremetida de la violencia. En tal sentido, el informe da cuenta de algunas estrategias y acciones que fueron implementadas en los momentos más agudos de la violencia y que aún se siguen presentando, entre las cuales se encuentran: i) acciones de visibilización y denuncia, ii) esfuerzo organizativo y creación de redes de apoyo y de solidaridad, iii) cambio de agenda político sindical y iv) la incidencia realizada con el acompañamiento de la comunidad internacional. El último capítulo presenta algunos elementos sobre la propuesta de agenda de reparación colectiva e integral construida por la CUT, la cual se fundamenta en el principio de reparación política y de restablecimiento al pleno ejercicio de las libertades sindicales. En esta propuesta se incluyen medidas de reparación de carácter político, simbólico, legislativo, judicial, institucional y estructural.